Murcia: El fraude con accidentes falsos se salda con 65 detenidos y 105 imputados

El mega fraude cometido mediante la supuesta falsificación de partes de accidentes de tráfico en Murcia y Molina de Segura, investigado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura de Policía de Murcia, sigue arrojando las grandes cifras de la trama. La Policía Nacional ha detenido en Murcia a 65 personas por estafar unos 300.000 euros a varias compañías aseguradoras con accidentes de tráfico simulados y certificados de asistencias médicas y de diagnóstico y rehabilitación inexistentes.

Son ya 105 los imputados en la red, en la que actuaban de forma concertada y continuada con abogados, médicos, otros profesionales sanitarios, conductores y ocupantes de vehículos, según adelantó 'La Verdad'. Se les acusa de delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal tras ser investigados desde hace más de un año, pues las pesquisas comenzaron en septiembre de 2015, cuando los investigadores tuvieron conocimiento, a través de información procedente de un juzgado de instrucción de Murcia, de la posible simulación de un accidente de tráfico en una rotonda de la capital. Esa sospecha llevó a los agentes a pedir a varias compañías aseguradoras de vehículos que remitiesen toda la documentación relativa a este accidente y otros que tuviesen vinculación con el conductor y los ocupantes del vehículo. Así, obtuvieron 22 expedientes acompañados de informes redactados por empresas de detectives privados en los que se recogía -de forma detallada y con recreaciones en vídeo-, y constataron la incongruencia entre las manifestaciones de los implicados en el accidente y los daños ocasionados en los vehículos.

Tras el análisis de toda la documentación, se detectó que entre los núcleos urbanos de Murcia y Molina se había creado una organización integrada por particulares y empresas dedicada a estafar a las aseguradoras. Se dedicaban a simular accidentes de tráfico para reclamar a los seguros, no solo por los daños sino también por las supuestas lesiones que sufrían el conductor y los ocupantes de los vehículos. El entramado repartía las tareas para el fraude entre las supuestas víctimas de los accidentes, conductores, letrados y personal de las clínicas de rehabilitación. El captador de la organización era el responsable de la búsqueda de personas que se encontraban en una situación económica precaria para ofrecerles ganar dinero, no en cantidades elevadas pero sí con facilidad.

Los implicados defraudaron una cantidad cercana a los 300.000 euros, por lo que los agentes tomaron declaración a 112 personas: siete en calidad de testigos y 105 como investigados, de los que 65 fueron finalmente detenidos.Los letrados daban cobertura legal al procedimiento de reclamación necesario para conseguir las indemnizaciones, y solicitaban a cambio un tanto por ciento del futuro pago que ingresaría el 'falso accidentado'. En ocasiones, se servían de segundos letrados para tramitar los expedientes de siniestros para no despertar sospechas. Las clínicas médicas y de fisioterapia, algunas propiedad de los abogados de la trama o con vínculos económicos y personales, eran las que ofrecían el servicio sanitario y la cobertura documental. Sin embargo, en la mayoría de los 22 accidentes documentados, la asistencia sanitaria declarada no llegaba a producirse nunca; no se dieron las rehabilitaciones recomendadas en los informes sanitarios, ni tampoco se realizaron las radiografías ni resonancias prescritas.

Fuente: La Verdad