Un protocolo interno propone que grabar con móvil a funcionarios se considere como agresión

El Gobierno y el sindicato CSI-F negocian desde hace más de un año un protocolo antiagresiones que tendrán que seguir todos los trabajadores de la Administración General del Estado, un protocolo que de momento está estancado, según destacan fuentes presentes en la negociación, porque el Ejecutivo no quiere incluir en él a los 24.000 funcionarios que trabajan en las prisiones españolas. Como novedad, el borrador del protocolo recoge como "comportamiento amenazante" los gestos violentos (como puede ser que un ciudadano amenace a un funcionario pasando el dedo por el cuello simulando que se lo quiere cortar) y las grabaciones a funcionarios con dispositivos móviles. Por contra, no se ha conseguido que el sistema de grabaciones telefónicas que se usa en varios departamentos (como en las oficinas de empleo y de la seguridad social) se incluya como medida de protección ante las agresiones verbales.

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