El Gobierno decreta la privatización del Registro Civil

'Manu militari', el Consejo de Ministros envía al BOE un Real Decreto que pasa la vida jurídica de los españoles a manos privadas, una vez gastados 130 millones de euros en la digitalización a partir de los documentos de 1870.

El Consejo de Ministros de este viernes, 4 de julio, ha aprobado la privatización del Registro Civil de España, bajo la presidencia del registrador de la propiedad Mariano Rajoy, hermano de dos registradores, y siendo ministro de Justicia el yerno de una registradora. Np hay noticias de que alguno de ellos se haya abstenido.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para que el Registro Civil sea traspasado a los registradores mercantiles. Son funcionarios, pero sus registros son empresas privadas, que hacen concursos de acreedores y cuyos empleados pasan por despidos colectivos. Ahí quedará la vida jurídica de los españoles esta noche, cuando a las 07:00 horas se publique el Real Decreto.

La Ley 20/2011, del Registro Civil aprobada en la etapa del PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero no determinaba qué funcionario se haría cargo del Registro, donde se custodian los nacimientos, matrimonios, incapacitaciones y fallecimientos de los españoles. No tenía mucho sentido que el Registro Civil fuera responsabilidad de los jueces, como hasta ahora, pero se pensaba que pasaría a ser responsabilidad de los secretarios judiciales, que sí son funcionarios.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lleva meses de tiras y aflojas intentando que el Registro Civil pase a manos de los registradores. Sin embargo, los rumores hacían que el Ejecutivo se echara para atrás en cuanto los secretarios judiciales, los sindicatos y los juristas enseñaban los dientes ante esta medida.

El transcurrir el tiempo creaba una vacatio legis que ha llevado a Gallardón a resolverla vía Real Decreto que, en realidad, está reservada por la Constitución para los casos de urgencia y necesidad. 

La decisión ha sido adoptada a espaldas de la mayoría de los operadores jurídicos -sólo un pequeño núcleo de registradores estaba en las deliberaciones- y de los propios funcionarios y trabajadores. 

El Real Decreto ha provocado la protesta del cuerpo de registradores de la propiedad y mercantiles, el Sindicato de Secretarios Judiciales, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Comisiones Obreras de Justicia... Todos trataban la tarde del viernes de salvar in extremis esta decisión.

El ministro de Justicia se reunió esta semana con la cúpula de los registradores. 

El Registro Civil está digitalizado a partir de 1870 hasta hoy y costó 130 millones de euros de dinero públicoEl cuerpo de registradores está formado por los registradores de la propiedad y mercantiles. La separación de este cuerpo podría suponer un cisma, según este colegio que protesta no ya porque pase a sus manos la vida jurídica de los españoles sino por que no puedan cobrar por expedir la documentación. Para hacerse a la idea, un fallecimiento supone la expedición de al menos 15 certificados con el fin de dar de baja la cuenta corriente del fallecido, su móvil, el consumo...

Nada más conocerse el Real Decreto, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha emitido un comunicado en el que reitera su desacuerdo con la decisión del Gobierno: "Los registradores tendrán que afrontar el coste del nuevo sistema informático sin conocer, de momento, ni el presupuesto del mismo ni las empresas que se encargarán de su desarrollo y mantenimiento", denuncian.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de Justicia, denunció este viernes la incertidumbre en la que quedarán 2.500 funcionarios que trabajan en los Registros Civiles de toda España. Allí donde la competencia de Justicia no ha sido transferida o la lleva el departamento de Gallardón, el ministerio se ha comprometido a recolocarlos en los juzgados. En el resto de las autonomías no hay ningún compromiso.

El traspaso de estos funcionarios pone en riesgo el empleo de otros 2.500 interinos que trabajan en los juzgados y tribunales.

El Registro Civil está digitalizado desde los documentos de 1870 hasta hoy. El coste de la digitalización ha supuesto para el erario público 130 millones de euros.

La última fase suponía la creación de una plataforma digital, que ya estaba siendo planificada de forma discreta por el Ministerio de Justicia y que el Gobierno pretende que lo financien los registradores. Ahora, el Gobierno de Rajoy pasa este trabajo a los registradores, con casi toda la planificación registrada. (Información)

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