Los examinadores de Tarragona convocan una huelga indefinida a partir del lunes 14 de julio

Debido al hartazgo por su situación y condiciones de trabajo, por cierto, que se repiten en otras jefaturas provinciales y locales de Tráfico, los examinadores de Tráfico de Tarragona han decidido ir a la huelga indefinida. Ya no pueden más. 

En los últimos meses, se sienten presuntamente presionados por la Asociación de Autoescuelas de Tarragona, con la pasividad de la Jefatura Provincial, según ellos explican. Constantemente reciben reclamaciones, faltas de respeto, calumnias en medios de comunicación, etc. que creen que no se ajustan, ni mucho menos, a la realidad del servicio que prestan los examinadores. De hecho, consideran que puede ser una campaña de desprestigio orquestada con el único fin de conseguir la privatización del permiso de conducir, y por supuesto, obtener la rentabilidad económica que conlleva. En una época de crisis, muchos empresarios han puesto su foco en este sector que puede suponerles un gran negocio. 

Queremos transmitir nuestro apoyo y consideración a nuestros compañeros de Tarragona, que están pasando por esta lamentable situación, que insistimos, no es ajena a otras provincias y jefaturas locales, en las que no se respeta la labor de evaluación del examinador y se ataca directamente a la dignidad profesional y personal de los funcionarios encargados de estas tareas. Es absolutamente inaceptable. No descartamos que otras provincias puedan seguir este camino, incluso plantear un conflicto a nivel nacional.

 ASEXTRA ha puesto a disposición de todos los compañeros afectados su gabinete jurídico, con el fin de que reciban el asesoramiento legal que necesiten e incluso se estudiará por parte de esta Asociación plantear demandas en defensa del puesto de trabajo del funcionario examinador y en defensa de su labor profesional. 

El colectivo examinador está realizando las tareas de evaluación e inspección en todo el territorio nacional con gran profesionalidad, a veces en condiciones muy precarias, ofreciendo a pesar de ello un servicio público a los ciudadanos de manera imparcial y de calidad, ajeno a intereses económicos y respetando los preceptos legales que ordena la normativa vigente.

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