Al no existir todavía acceso directo a la base de datos, el juzgado tiene que dar traslado por escrito de las penas por delitos contra la seguridad vial y la DGT tarda días en conocerlo
La Comisión de la Policía Judicial de Alicante propuso ayer implantar un sistema que permita anotar directamente en la base de datos de Tráfico las condenas que imponen los juzgados por delitos contra la seguridad vial.
El objetivo de esta iniciativa es conseguir que si un conductor comete una infracción, ésta quede inmediatamente registrada en la base de datos de Tráfico, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Al no existir ahora acceso directo a la base de datos, el juzgado da traslado por escrito, por lo que el proceso administrativo de recepción e introducción informática se demora varios días.
El sistema propuesto ya funciona con las anotaciones que los secretarios judiciales llevan a cabo en las medidas cautelares y condenas en los casos de violencia de género.
Las medidas y condenas se anotan en un registro informático para que si se infringe por el condenado o sujeto la medida cautelar, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado puedan detectar en la base de datos de forma instantánea esta infracción.
Asimismo, la Comisión Provincial de la Policía Judicial ha remitido a todos los juzgados de instrucción de la provincia y a la fiscalía la posibilidad de que utilicen la oficina de mediación penal que existe en la Audiencia Provincial de Alicante .
El objetivo es que en aquellos delitos o faltas en los que se entienda por el juez de Instrucción que puede ser factible la mediación se remita a las partes a la oficina de coordinación institucional de la Audiencia de Alicante .
Del mismo modo, también se ha dado traslado a los Colegios de Abogados para que esta posibilidad la remitan a sus colegiados con el fin de que se pueda utilizar el registro de mediadores.
De esta forma, los letrados de las partes en un procedimiento penal de delitos no graves podrán proponer la designación de un mediador del Colegio para llevar a cabo esta función, evitando así la celebración de juicio. (Seguir leyendo)
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