Los ertzainas en servicio tendrán que pagar las multas de tráfico que no puedan justificar

La Policía vasca endurece los controles para que los agentes no puedan librarse de las sanciones que reciben al volante de vehículos oficiales sin distintivos

La dirección de la Ertzaintza ha emitido una circular interna que va a levantar ampollas en el seno de la Policía vasca. Se trata de un "nuevo procedimiento" que establece los pasos a seguir cuando la administración recibe una multa de tráfico por una infracción cometida por alguno de sus vehículos oficiales sin distintivos. La norma pretende reforzar los protocolos de control y agilizar las comunicaciones internas a la hora de gestionar este tipo de sanciones. Traducido a una escala más práctica, estos cambios supondrán que los ertzainas deberán empezar a pagar de su propio bolsillo las multas que no puedan "justificar" de forma clara y precisa por razones de servicio.

El documento suscrito por el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, pretende atajar una serie de malas prácticas que vienen de lejos, según se interpreta en diversos círculos policiales, pero que también puede llegar a comprometer la operatividad policial. Los coches oficiales sin distintivos del Gobierno vasco -entre los que se incluyen los policiales- han acumulado durante años cientos -quizás miles- de multas de tráfico impuestas por otras instituciones, tal y como ya desveló EL CORREO en 2007. El núcleo del problema reside en que las sanciones de tráfico son personales en la medida en que el infractor es siempre el conductor del vehículo. Pero, en el caso del Gobierno vasco, las multas las acababa asumiendo en su mayoría el propio Ejecutivo por diversas razones.

Los ejemplos son numerosos: cuando un ayuntamiento ponía una multa por exceso de velocidad a un coche camuflado de la Ertzaintza, el Consistorio se ponía en contacto con el titular del vehículo -el Gobierno vasco- con el fin de que le proporcionase la identidad del infractor para notificarle la sanción. Durante años, la Administración no identificó a los infractores, lo que provocaba que el propio Gobierno vasco fuese penalizado después con recargo por no desvelar el nombre del conductor, que se libraba del castigo económico y también de la pena administrativa que puede suponer la retirada de puntos del carné de conducir. Así, una multa de 68 euros dirigida al infractor acababa transformada en una sanción de 318 euros al Ejecutivo. (Información completa)

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