¿Deberá Rajoy devolver las pagas extras a los funcionarios?

El fallo del Tribunal Constitucional de Portugal, contra la supresión de la paga extra de los funcionarios y otras medidas del plan de ajuste que aprobó el Gobierno del conservador Passos Coelho, puede crear un precedente. En todo caso ha animado a los colectivos de funcionarios de otros países que se ven castigados por las políticas de austeridad dictadas por la Comisión Europea. Y en España el debate ya se ha iniciado.

El sindicato mayoritario español en la función pública, CSI-F, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que “tome nota” de lo sucedido en Portugal, y devuelva la paga extra que no se pagó en Navidad, dentro de un paquete de medidas para reducir el déficit público.

La plataforma sindical y de asociaciones de empleados públicos (integrada por CSI-F, CC OO, UGT y otras 33 asociaciones) intentaron modificar la medida con la interposición de un recurso contencioso-administrativo. (Información completa)

www.economiadigital.es

Declaran ilegal el recorte de pagas a funcionarios y pensionistas en Portugal

El Tribunal Constitucional portugués ha rechazado cuatro medidas de austeridad de los Presupuestos Generales para 2013 que en total suman más de 1.200 millones de euros, una decisión que pone en peligro la ejecución presupuestaria para este año. El gobierno de Lisboa tiene ahora la difícil tarea de encontrar alternativas con impacto similar en las cuentas públicas para no fallar la reducción del déficit público al 5,5% acordada con la Troika. Para analizar el impacto político de esta decisión, el primer ministro Pedro Passos Coelho ha convocado un consejo de ministros extraordinario para este sábado.

Los jueces del TC han tumbado cuatro medidas, entre las cuales están la suspensión de las pagas extraordinaria de vacaciones a los jubilados y pensionistas a partir de los 1.100 euros (y una parte a partir de los 600 euros), y la contribución de 5% y 6% respectivamente, a la Seguridad Social a las personas que reciben ayuda por desempleo o baja por enfermedad. El TC ha considerado que estas medidas que entraron en vigor el pasado 1 de enero son anticonstitucionales por lo que no podrán seguir siendo aplicadas. (Información completa)

www.elmundo.es