La batalla de las ITV

En 1982, tras varios ejercicios en los que el control y la titularidad de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) permanecían en manos del Estado, la situación económica con la que se bandeaba el último Gobierno de UCD y la falta de presupuesto para instalar al menos un centro por provincia, como eran sus intenciones, le llevó a crear las entidades colaboradoras de la Administración en esta actividad. Han pasado tres décadas durante las que se han registrado los cambios necesarios para adaptarse a las nuevas demandas y exigencias de esta actividad en España, pero son a todas luces insuficientes, a juzgar por la creciente solicitud de una mayor liberalización por parte de otros aspirantes a incorporarse a un, hasta ahora, suculento negocio. Por tratarse de un servicio público de interés general con importantes vinculaciones con la seguridad vial o el medio ambiente, el régimen establecido inicialmente para su explotación fue el de las concesiones administrativas y posteriormente se amplió a uno más abierto. Pero lo que realmente ha marcado la naturaleza de su desarrollo ha sido su transferencia a los Gobiernos de las comunidades autónomas.

Hoy, según de la ITV que se trate, nos encontramos con un sistema u otro. Incluso en las que mantienen la concesión se presentan dos modelos distintos de gestión. Así, hay tres comunidades en la avanzadilla de la liberalización que promueven el sistema de autorizaciones: Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja. Otras tres con gestión directa, bien con sus propios funcionarios, en el caso de Extremadura y Asturias, o mediante una empresa pública, Veiasa, en Andalucía. Otras 10 mantienen el régimen de concesiones, del que se benefician fundamentalmente cuatro empresas que se reparten más del 90% de las mismas.

En Cataluña se intentó una situación mixta, ya que se trataba de autorizaciones por parte de la Generalitat, pero reservándose ella las decisiones respecto al número de instalaciones y su ubicación. Una vía que ha quedado paralizada y en litigio por los problemas jurídicos derivados de las denuncias de corrupción presentadas y que implican a altos cargos políticos. (Leer más)

www.elpais.es