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miércoles, 1 de junio de 2016

Gipuzkoa: Al banquillo un funcionario de Tráfico por manipular los carnés de la Familia Real

Un funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico de Gipuzkoa se enfrenta a una petición de condena de ocho años de prisión por manipular historiales de conductores, entre ellos los de varios miembros de la Familia Real así como el de Carmen Polo Franco, fallecida en 1988. El acusado insertó en dichos expedientes consideraciones personales que en algunos casos rayaron el insulto.

Los hechos serán enjuiciados la semana próxima en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Según el escrito de conclusiones provisionales redactado por la Fiscalía, el caso se remonta a enero de 2010. En aquellas fechas, el acusado era funcionario de la Dirección General de Tráfico y estaba destinado en la Jefatura Provincial de Gipuzkoa, en la sede que dicho organismo tiene en la plaza Julio Caro Baroja, en el barrio de Benta Berri.

El acusado, según la acusación pública, accedió el 28 de enero, mediante el uso de su clave personal y secreta, a los historiales de conductores de varios miembros de Casa Real sobre los que realizó diversas anotaciones escritas, en algunos casos de carácter peyorativo.

La Fiscalía solicita ocho años de prisión por acceso ilícito a datos y vulnerar la intimidad

De esta forma, el investigado entró en los expedientes del rey Juan Carlos I así como en el de la entonces Reina Sofía, de la que escribió: «Suegra de Letizia Ortiz».

Asimismo, accedió en el de Elena de Borbón e incluyó una expresión de menosprecio hacia ella.

También manipuló el de su hermana Cristina, sobre la que introdujo un comentario relativo a las casas en las que había residido.

El acusado asimismo llegó hasta al expediente del actual Rey, Felipe IV, e incluyó en el historial que estaba casado con una periodista divorciada. También manipuló el de Carmen Polo de Franco, quien fuera esposa del dictador. En su referencia de tráfico el acusado escribió: «19751120. Desde la fecha viuda del generalísimo».

Pero no fueron solo estos, según la Fiscalía, los expedientes que el acusado alteró. En julio del mismo año realizó 118 trámites de consulta y 26 de rectificación en los DNI comprendidos entre los números 00.000.001 y 00.000202. Unos días más tarde efectuó otros 27 trámites de consulta en otros trece historiales. Entre ellos, volvió a realizar alguna actividad con el de la infanta Cristina.

La Fiscalía sostiene que «ninguna de estas actuaciones estaba motivada» y que ni siquiera estaban «autorizadas por los titulares ni ordenadas por superiores jerárquicos».

Un año después, en julio de 2011, el acusado llevó a cabo con su clave de acceso a los programas informáticos de la Jefatura Provincial de Gipuzkoa el borrado de los historiales de tres altos responsables de la propia jefatura. Esta manipulación hizo que temporalmente ninguno de ellos figurase en el registro de conductores, de manera que si, por cualquier circunstancia, cualquiera de ellos hubiesen tenido que acreditar que estaba en posesión del permiso, habría tenido serios problemas para hacerlo.

El ministerio fiscal señala que estos accesos fueron «indebidos», ya que no existía «orden de un superior jerárquico ni autorización de la titular ni trámite que justificara dichos borrados».

Ademas de todo lo anterior, la acusación pública señala que «entre 2007 y 2011 el acusado llevó a cabo reiteradas consultas a historiales de varios funcionarios de la propia jefatura de Tráfico de Gipuzkoa, sin que ninguna de ellas estuviera motivada ni tampoco autorizada por sus titulares ni tampoco ordenada por los jefes.

Dos delitos

La acusación pública entiende que para llevar a cabo estas operaciones y al objeto de ocultar sus manipulaciones, el acusado se sirvió, además de su propia clave secreta, de las contraseñas de otras dos funcionarias, «que en ningún caso consintieron las maniobras informáticas realizadas por el funcionario».

El fiscal sostiene que los hechos cometidos por el acusado son constitutivos de dos delitos: uno de acceso ilícito continuado a datos contenidos en sistemas informáticos, y otro contra la intimidad en su modalidad de alteración de datos personales por funcionario público encargado de la custodia, «en concurso con una de falsedad en documento público».

Por el primero de ellos, la acusación reclama dos años de prisión y por el segundo seis años de cárcel y otros seis de inhabilitación para empleo o cargo público. También solicita una multa de 7.200 euros.

Fuente: Diario Vasco

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