Varapalo judicial a una de las medidas que, según subrayó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Ejecutivo se vio obligado a tomar en 2012 «porque no había más remedio»: la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Audiencia Nacional sobre la eliminación de la retribución extraordinaria de diciembre al personal laboral del sector público.
La Sala de lo Social entendía que podría ser ilegal haber tomado esta medida con carácter retroactivo, por lo que pidió al Alto Tribunal que se pronunciara sobre esta cuestión. Ahora, en una providencia fechada el pasado 22 de mayo, ha aceptado la petición de la Audiencia.
Aunque esta demanda hacía referencia exclusivamente al personal laboral en su requerimiento al Constitucional, fuentes jurídicas precisaron que la resolución que adopte este Tribunal podrá ser vinculante respecto a las situaciones de otros empleados del sector público a los que también se les suprimió la paga extra con carácter retroactivo. Una situación, por tanto, muy similar a la ocurrida en Portugal a principios del pasado mes de abril. En el país vecino, el Constitucional declaró ilegal la retirada de la paga extra de verano a los funcionarios y a los pensionistas, entre otras medidas adoptadas por el Gobierno de Passos Coelho. En aquel caso, la razón en las que se apoyó la decisión jurídica fue que esa retirada violaba el principio de igualdad a la hora de afrontar sacrificios. Debido a aquella determinación, el Gabinete portugués tuvo que buscar medidas alternativas para ahorrar los cerca de 1.200 millones de euros que tuvo que emplear en abonar las pagas extras que pretendía ahorrarse. (Información completa)
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