En la miseria por un error burocrático

La Administración niega la pensión a un funcionario  tras incluirle en un régimen de cotización que no le correspondía

Sevilla, Jefatura Superior de Policía, noviembre de 1997. Un funcionario tramita el regreso de un compañero que se incorpora al servicio tras una larga excedencia. Salvador García, perteneciente al cuerpo de jefes de almacén y natural de Bigastro (Alicante), no podía ser consciente entonces de que el administrativo estaba cometiendo un pequeño error formal que le conduciría casi a la indigencia 14 años después. Su expediente quedaba archivado en Clases Pasivas, el régimen de cotización propio de funcionarios, militares, maestros y otras tipologías de trabajadores de Estado distintas a la suya. El régimen natural de un responsable de silo, cargo que ocupó durante 18 años en el extinto Servicio Nacional de Productos Agrarios (Sempa), es el General de la Seguridad Social, por lo que desde ese día, su vida laboral quedó partida en dos mitades, y su derecho a recibir pensión, supeditado a la voluntad de unirlas de una Administración desesperadamente lenta y con alergia a considerar la casuística.

"Clases pasivas dice que mi cuerpo funcionarial está "especialmente excluido" de su competencia y que figuro en sus archivos por error. Y la Seguridad Social, responsable del Régimen General, me mandaba a reclamarles a ellos porque han recibido mis cotizaciones durante 14 años sin darse cuenta del error. Llevo 28 meses sin dinero y en medio de un peloteo entre administraciones", explica el jubilado de 67 años.

 

Laberinto burocrático

Cuando recibió los escritos de ambos organismos, ya llevaba varios meses jubilado y viviendo de préstamos en la vivienda que le cedió una sobrina en espera de que se desbloqueara el acceso a su prestación contributiva, construida tras 32 años de cotización como funcionario y tres en calidad de autónomo. Poco después, en diciembre de 2011, Clases Pasivas le invitaba a recurrir instancia superior, el Tribunal Económico-Administrativo del Ministerio de Hacienda, al que pertenecen los dos organismos. Lateralmente, esta apelación frenó la intercesión que solicitó a la Defensora del Pueblo, que le contestó debía aguardar a la resolución del tribunal antes de poder actuar. (Seguir leyendo)

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