Stop a la corrupción en las Jefaturas de Tráfico de Andalucía

La Guardia civil investiga una red de centros que garantizaban, a cambio de la entrega de regalos, la obtención del carné de conducir

«Un colega hace un par de semanas le han aprobado el teórico por 1.200 euros, pero ha tenido que ir a Granada». Esta afirmación forma parte de una conversación que mantuvo uno de los principales imputados en el supuesto caso de corrupción destapado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz; un diálogo con un familiar muy próximo que fue grabado por la Guardia Civil y cuyo contenido forma parte de las diligencias que instruye el juzgado número 4 de Cádiz.

En esa conversación, Ángel P.P., ordenanza de 62 años, hablaba con su hijo sobre las posibilidades de pagar por aprobar el examen del carné de conducir. El joven le exponía el caso de un amigo que lo había logrado pero se había tenido que ir fuera de la provincia y le preguntaba a su padre si se podía pagar a los examinadores para que les pasara la mano en Cádiz. Éste le indica que desde que se implantó el sistema de examen por ordenador, la posibilidad de chanchullo se había vuelto muy difícil pero con el anterior sistema «lo hacía todo el mundo». Ese diálogo se produjo en marzo pasado; ocho meses después, saltaba la noticia en la ciudad de la Alhambra: cincuenta detenidos por la Guardia Civil implicados en una red que manipulaba los exámenes para la obtención irregular de permisos de conducir.

Al frente de esa trama, que cobraba por cambiar respuestas del test y garantizar así el aprobado, un vigilante jurado de una empresa subcontratada por Tráfico, que llevaba más de doce años en ese departamento. Él era el encargado de custodiar las pruebas teóricas y quien se encargaba de hacer el cambiazo.

Hermetismo en Cádiz

El comunicado oficial de la Benemérita, que daba cuentas del resultado de la investigación, quiso dejar claro que ningún funcionario de la jefatura provincial de Granada se había visto involucrado,destacando la Guardia Civil la colaboración que habían prestado a los agentes; una coletilla que se repite en la mayoría de los comunicados oficiales que se emiten cada vez que se descubre un nuevo caso relacionado con Tráfico. Sin embargo, unas notas de prensa que contrastan con el total hermetismo con respecto a una de las investigaciones más destacadas que la Benemérita ha llevado a cabo este año en Cádiz y que ni tan siquiera han merecido unas cuantas líneas para confirmar la imputación de una cifra tan elevada como 33 imputados, nueve de ellos funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico.

¿Pero son casos aislados lo ocurrido en Cádiz y Granada? Con tan sólo acudir a las hemerotecas se puede contabilizar una veintena de escándalos similares que han salpicado a jefaturas en los últimos seis años. Los cuerpos policiales han destapado supuestas tramas corruptas que eludían el pago de tasas, amañaban los resultados de exámenes o quitaban sanciones a personas afines. Un catálogo de actividades irregulares que han generado decenas de procedimientos judiciales; algunos ya se han resuelto, otros penden del dictamen judicial. Pero ninguno ha conseguido sacudir con fuerza la estructura interna de las jefaturas que conforman el organigrama territorial de la DGT. Si el cese de una inspectora por negarse a pasar por alto una sanción millonaria a una cementera ha supuesto una tormenta en el seno de la Agencia Tributaria; las investigaciones por presunta corrupción en las jefaturas de Tráfico se aplacan. Prueba de ello es que los nueve funcionarios imputados en Cádiz siguen trabajando con total normalidad. (Información)

www.abc.es