¿Servidores o depredadores públicos?

Manuel I. Cabezas / Profesor titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

· Según las previsiones legales, los ciudadanos de Cataluña tenemos el derecho a dirigirnos a las Administraciones de nuestra Comunidad Autónoma en la lengua co-oficial (catalán o español), que hayamos escogido. Y, como correlato, las Administraciones catalanas tienen la obligación de estar preparadas para poder atender a los administrados en la lengua oficial, elegida libremente por éstos. Sin embargo, no es la primera vez que he tenido que hacer valer, ante las distintas administraciones catalanas, mis derechos lingüísticos, exigiendo el respeto de los mismos, aunque teniendo que asumir y sufrir, a veces, ciertos efectos colaterales. He aquí algunos hechos datados, verificables y reveladores.

· FEBRERO DE 2011: volviendo de las tierras castellano-leonesas, un radar me sorprendió, en la provincia de Lérida, con un pequeño exceso de velocidad. Illico, recibí una notificación, sólo en catalán, para comunicarme la infracción y la penalización crematística correspondiente (50€). Ante la exigencia del respeto de mis derechos lingüísticos, el Sr. Ferran de Noguera i Casas (Jefe Territorial de Tráfico de Lérida) me envió una nueva notificación en la otra lengua oficial y propia de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, el español. Y, en consecuencia, procedí al pago de la multa.

· Ahora bien, debo precisar que esta notificación en español contenía hasta 5 faltas, que no eran “lapsus calami” (faltas de “performance”, i.e. producto de un déficit de atención o descuido) sino “errores de competencia”, que denotan lagunas graves en el dominio del español. ¡Y luego, las autoridades educativas y la casta política catalana así como los “todólogos” o “tolosas” (los que todo lo saben) y la mayoría de los profesores se dedican a difundir la mentira de que los jóvenes salen del sistema educativo con un buen conocimiento del español!

· OCTUBRE DE 2012: por un “inadecuado” aparcamiento en la villa de Sant Cugat, encontré una multa (90€), en versión bilingüe, en el parabrisas de mi coche. Ahora bien, en el reverso de la misma, las instrucciones para hacerla efectiva estaban sólo en catalán. Después de la habitual carta de exigencia de respeto de mis derechos lingüísticos, el Secretario General del Ayuntamiento de Sant Cugat me envió las instrucciones en español y pude cumplir con mis obligaciones de ciudadano informado y responsable. Ahora bien, al haber transcurrido el plazo, por culpa de la lentitud de la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones lingüísticas, no puede acogerme a la reducción del 50% (45€). (Seguir leyendo)

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