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sábado, 9 de noviembre de 2013

El Gobierno espera la sentencia para decidir si mantiene el indulto al kamikaze

La DGT advierte de que quiere ser consultada antes de la concesión de la medida de gracia

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ministerio de Justicia no ha recibido la sentencia del Tribunal Supremo que anula el indulto concedido por el Ejecutivo al conocido como el kamikaze y añadió que cuando conozcan a fondo el asunto podrán tomar una decisión. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría fue preguntada por el fallo del Supremo conocido el jueves que anula el indulto concedido al conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por causar la muerte a la altura de Polinyà del Xúquer de un joven de 25 años tras conducir durante cinco kilómetros en dirección contraria por la AP-7, en el tramo entre Silla-San Juan, en diciembre de 2003.
La ejecución de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, ha quedado en suspenso durante tres meses al objeto de que el Gobierno pueda, en su caso, subsanar los defectos que han motivado el fallo del alto tribunal
«Tendremos que analizar cuál ha sido el elemento reglado que el Tribunal considera que debe abordarse», explicó. «Con solo el conocimiento del fallo no podemos hacer todavía esa reflexión», zanjó la vicepresidenta.
La Sección Tercera del Tribunal Supremo acordó por 19 votos frente a 17 y tras tres días de intensas deliberaciones estimar el recurso presentado por la familia del fallecido solicitando la declaración de nulidad de la medida de gracia concedida a propuesta del Ministerio de Justicia. El indulto no contó con los informes favorable de la Fiscalía y de la Audiencia de Valencia.
Según el recurrente, este indulto fue el único de España dado a un kamikaze en el que el condenado no había cumplido al menos la mitad de la condena. Su pena fue conmutada por el pago de 4.380 euros y el preso apenas cumplió diez meses de cárcel.
La concesión de este indulto causó cierta polémica tras conocerse, como adelantó Levante-EMV, que un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trabaja en el despacho de abogados de Uría y Menéndez que tramitó la petición de la medida de gracia. El abogado que defendió al kamikaze fue Esteban Astarloa, hermano del diputado popular y subsecretario de Estado de Justicia entre 2000 y 2002, Ignacio Astarloa.
La directora general de Tráfico, María Seguí, reiteró ayer el deseo de que la DGT sea consultada en delitos de tráfico antes de que el Gobierno conceda un indulto a un condenado. (Información completa)

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