El ex jefe de tráfico de Huelva niega haber cobrado por dar carnés fraudulentos

Andrés Sánchez asegura que "nunca" hizo gestiones "para favorecer a nadie" Los otros acusados rechazan su participación

El ex jefe provincial de la Jefatura de Tráfico en Huelva, Andrés Sánchez, así como los siete restantes acusados -funcionarios, examinadores y un guardia civil- negaron ayer su participación en una supuesta trama de carnés fraudulentos a cambio de cobros irregulares, que provocó la dimisión del primero después de 30 años al frente de la institución. 

Durante la primera sesión del juicio, celebrada ayer en la Audiencia de Huelva, Andrés Sánchez negó haber pedido al coordinador de exámenes, J. C. P, también acusado, que aprobase a alguien, ni que éste se lo hubiese pedido a él. "Nunca he pedido a un examinador que aprobase a alguien ni que favoreciese a nadie porque si lo hacía estaba denunciado al instante". La Fiscalía pide para él cinco años y medio de cárcel por falsificación de documentos oficiales y prevaricación, así como la inhabilitación para funciones públicas en jefaturas provinciales de tráfico durante cinco años y medio. 

En este sentido, subrayó que J. C. P., para el que la Fiscalía pide la pena de un año y seis meses de cárcel por de tráfico de influencias y la inhabilitación para cargo público en jefaturas provinciales de tráfico durante cinco años, "era un funcionario más" y que su nombramiento como coordinador de exámenes correspondió a la DGT. También negó haber pedido ante M. C. P., una de las examinadoras acusadas, que reorganizase la lista de examinados "ya que la distribución de los exámenes para la obtención del permiso", no era de su competencia. 

Sí reconoció que, para tratar de agilizar el trabajo, "echaba una mano a los funcionarios, estando presente en los exámenes teóricos" y "colaboraba con el jefe de Negociado de Sanciones en la tramitación de expedientes", ya que tenía competencia para ello. 

Respecto al informe que acredita que, entre el 12 de enero de 2007 y el 18 de febrero de 2009, "alteró los datos de 106 expedientes sancionadores, modificando las calificaciones de las infracciones de graves a leves, así como la cuantía de las multas y pérdidas de puntos", Sánchez puntualizó que "los puntos no se pueden modificar porque se hace por ordenador", pero sí las calificaciones "estudiando el informe del agente, pero nunca por las buenas". 

Por su parte, el guardia civil M. A. E. negó haber "pedido nunca que se aprobase a nadie" y desvinculó su condición de agente de Tráfico de los hechos, ya que argumentó que se halla de baja desde 2006. Además, el coordinador de examinadores J. C. P. se desmarcó de la imposición de listas a la examinadora M. C. P., "que tampoco me llamó nunca para pedirme nada", al igual que G. R. y R. S., también acusadas. J. C. P.. negó además haber accedido al cargo de coordinador de examinadores por designación directa de Sánchez. 

Por su parte, la examinadora M. C. P., para la que la Fiscalía pide dos años de prisión por tráfico de influencias y la inhabilitación de seis años por este delito, y de nueve por prevaricación, amén de nueve meses de prisión por falsificación y una multa de 1.000 euros, indicó que "nunca he pedido que se me asigne una lista de examinados", que "nunca me han pedido que apruebe a nadie; sólo que les dijera cómo había quedado", y que tampoco favoreció a nadie en un examen práctico ya que argumentó que en el vehículo van el profesor y otro alumno "y si das trato de favor a uno el otro te puede denunciar y estaría vendida de por vida". R. S., secretaria de Sánchez, declaró no haber pedido "o influido para que se aprobase a alguien", no haber modificado ninguna sanción ni alterado ni elaborado listas de examinados porque no era de su competencia. (Información)

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