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lunes, 22 de julio de 2013

Hacienda degradó a una funcionaria por negarse a un cobro ilegal al contribuyente

Degradada de su cargo por negarse a cumplir con una ilegalidad. En esa tesitura se encontró hace dos años una alta funcionaria de la Agencia Tributaria, a la cual sus superiores despojaron de responsabilidades como castigo por negarse a incumplir, paradójicamente, con sus obligaciones. Esto es, reembolsar al contribuyente los fondos "excesivos" que Hacienda, en ocasiones, cobra de más a los ciudadanos y que por ley deben ser devueltos en cuanto se detecte el cobro extraordinario.
Elisabeth Cueto, ahora restituida como Jefe de Equipo Regional de Recaudación de la Agencia Tributaria gracias a un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y a cuya sentencia ha tenido acceso este medio, tuvo que pasar por una situación cuanto menos rocambolesca.
En mayo de 2011 su entonces superior en el área de Recaudación y posteriormente ascendido a delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, distribuyó entre los funcionarios de la delegación catalana de Hacienda una orden que contravenía una norma establecida desde : devolver de oficio el dinero de más cobrado al contribuyente. Sin embargo, la nueva instrucción ordenaba todo lo contrario: retener dichos fondos hasta que el ciudadano lo reclamara a la Agencia Tributaria. Una orden cuyo instigador, según uno de los funcionarios que declararon como testigos, llegó a ilustrar de la siguiente manera: "Si no lo piden, no se devuelve un euro". Un ante y un después en las devoluciones, según certificó el mismo trabajador.
Según la sentencia del TSJC, ella fue 'la única funcionaria que cuestionó una orden ilegal'. Después de hacer fue degradada.
Y así comenzaron a aplicarlo casi todos los funcionarios. Únicamente Cueto "se negó a acatarla", según la sentencia, manteniendo la misma rutina que hasta entonces: detectar dinero que no correspondía a la Agencia Tributaria y reembolsarlo. Según la sentencia del TSJC, ella"fue la única funcionaria que cuestionó una orden ilegal" y que, según denunció verbalmente y a través de correos electrónicos a sus superiores, incluyendo a la máxima responsable regional de Hacienda por entonces, "podía suponer una apropiación indebida de ingresos por parte de la Agencia Tributaria". Fue poco después de comenzar a denunciar entre compañeros y superiores la ilegalidad de la medida, fue degradada. (Seguir leyendo)
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