La semana pasada, el juzgado de instrucción número 8 de A Coruña admitió a trámite la denuncia por prevaricación contra el capitán del Subsector de Tráfico en A Coruña, J.J.R.F, por haber cursado unas denuncias por exceso de velocidad emitidas por un operador de radar cuando éste ya no estaba en activo, en junio del año pasado. La asociación Unión de Guardias Civiles (UniónGC), que presentó la querella, espera que hasta 200 multas impuestas puedan ser anuladas ahora sí el juzgado falla finamente a su favor.
Según había declarado en noviembre el presidente de esta asociación profesional, Manuel Mato, uno de los operadores de radar con base en el cuartel de Perillo había alcanzado la edad de la reserva ese mes. Al no estar oficialmente en activo, todas las denuncias que impuso no son válidas. Según Mato, sus superiores lo sabían, “pero decidieron seguir con los trámites porque 200 multas son mucho dinero”.
Según reza en la querella, el capitán tenía conocimiento de “una situación injusta y a todas luces ilegal” lo que infringiría el artículo 404 del Código Penal, que preve una pena de inhabilitación de siete a diez años para la autoridad o funcionario público que “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria”. Ya en su día, el general jefe de la Guardia Civil en Galicia, José María Feliz, negó que esto hubiera sido posible, simplemente porque no creía que alguien pudiera olvidarse de que se jubilaba: “Todo el mundo sabe cuándo pasa a la reserva porque sucede cuando llegas a cierta edad”, argumentó. Pero al parecer, eso fue lo que ocurrió exactamente según UniónGC, que descubrieron lo que ocurría porque “el agente solo se dio cuenta de que pasaba algo cuando vio que en la nómina cobraba mucho menos de lo normal y acudió a nosotros”. (Información completa)
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