¿Qué motivaciones realmente subyacen tras el continuo y
reiterado malestar de una parte del sector empresarial de autoescuelas apoyado
por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)?
Últimamente se vienen publicando en diversos medios de
prensa, de forma recurrente, ciertas informaciones y noticias sobre los
problemas empresariales del sector de centros de formación vial, culminadas con
el colofón del último comunicado emitido por CNAE en apoyo de sus asociaciones
y autoescuelas en el que, como solución a la que ellos estiman como dramática y
endémica situación provocada por la escasez de funcionarios examinadores,
plantean una “nueva e imaginativa” propuesta a la DGT.
Desde ASEXTRA, que se siente directamente aludida por estas
manifestaciones, dado el papel que le corresponde como actora involucrada y
responsable en la Seguridad Vial de este país, queremos expresar ciertas
consideraciones y matizaciones al respecto.
Las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia se
están dejando sentir en la inmensa mayoría de los sectores productivos, si no
en todos. Son muchos los trabajadores autónomos y pymes que, desgraciadamente,
han tenido que echar el cierre a su empresa debido a la crisis sanitaria que
está asolando a nuestro país, o que, en el mejor de los casos, subsisten a
duras penas, muy endeudados y con ayudas públicas, intentando con tremendas
dificultades salir a flote en medio de una crisis económica muy severa.
En este deteriorado escenario económico nacional, las
autoescuelas bien pudieran considerarse afortunadas, pues retomaron su
actividad el día 25 de mayo, con las debidas medidas sanitarias y con los
inevitables protocolos de prevención de riesgos, pero sin dejar de funcionar en
ningún momento desde ese día.
Desde esa fecha, la Dirección General de Tráfico (DGT) está
realizando un loable y titánico esfuerzo tratando de ofrecer el mejor servicio
posible al ciudadano, tanto en calidad como en cantidad, pues a pesar de la
implantación de los parámetros y protocolos sanitarios necesarios para prevenir
los contagios por el COVID-19, que, a priori, bien podrían haber reducido la
capacidad de examen, por el contrario ésta no sólo se ha mantenido sino que
incluso se ha incrementado en función de la disponibilidad de personal
existente, solución ésta que otros organismos públicos no han podido ofrecer en
modo alguno.
Es cierto que la demanda de exámenes aumenta en épocas
puntuales del año y que el parón sufrido durante los meses de confinamiento ha
provocado una bolsa de exámenes pendientes de realizar, pero de ahí a seguir
“explotando” los efectos colaterales que en su día causó la huelga de
examinadores… ¡¡¡YA ESTÁ BIEN!!!
En la actualidad el colectivo examinador incluso está
realizando horas extraordinarias de forma voluntaria, a pesar del peligro de
contagio por Covid-19 al que se expone por la prolongación de la jornada
laboral en un habitáculo de reducidas dimensiones.
El sector de las autoescuelas se viene quejando
reiteradamente de recibir por parte de la DGT un mal servicio que le provoca
graves problemas de subsistencia, cuando es bien sabido que, en muchos casos,
demasiados, están desarrollando su actividad sin regulación horaria y con
jornadas maratonianas que exceden los límites tanto contractuales como los
regulados en convenio, siendo buena prueba de ello las numerosas denuncias por
parte de profesionales del sector referentes a sus precarias condiciones
laborales.
Sin lugar a dudas, estas disfunciones se trasladan y
repercuten directamente en los alumnos, que reciben una formación orientada al
examen, con el objetivo final de obtener su permiso de conducir. Pero los
aspirantes no sólo tienen derecho a ser examinados, sino también, y
principalmente, a una formación de calidad en consonancia con la importancia
que tiene la Seguridad Vial y, por supuesto, acorde al desembolso económico que
está reportando a la autoescuela.
La legitimidad de exigir a la Administración un servicio
óptimo y eficiente está fuera de toda duda, pero también es cierto que este
sector empresarial debería reflexionar con seriedad acerca del cumplimiento
responsable de sus obligaciones y de su compromiso hacia los tres ámbitos con
los que se relaciona: sus trabajadores, sus alumnos y la propia Administración.
Independientemente de las anteriores consideraciones que
esta Asociación ha entendido como oportuno exponer, siempre tendremos que
posicionarnos en la defensa del carácter público y de calidad del servicio de
exámenes. Por lo tanto, si todos estos movimientos se están fraguando con la
idea de desprestigiar a la Administración, en concreto a la DGT, como servicio
público para justificar un proyecto cuyo fin es su privatización (llámese
externalización, encomienda de gestión, participación público-privada o como
quiera), se encontrarán enfrente a la Asociación de Examinadores de Tráfico,
que utilizará todos los medios legales a su alcance para oponerse a ello, en
pro del interés público, en beneficio del ciudadano y en aras de una mejor
Seguridad Vial.
Con la experiencia que tenemos en este país en cuanto a
liberalización de sectores que antaño eran de titularidad pública, no se vaya a
esgrimir el argumento falaz de que la libre competencia y el libre mercado
repercutirán en un beneficio para el conjunto de la ciudadanía en forma de
abaratamiento de los precios.
No debemos olvidar que la actividad de las Administraciones
Públicas, aquellas que funcionan con nuestros impuestos, se realiza sin ánimo
de lucro, con el único objetivo de satisfacer necesidades sociales del conjunto
de la sociedad y garantizando al ciudadano un servicio amparado por los valores
de independencia, imparcialidad, integridad y objetividad.
ASEXTRA, con ánimo constructivo y colaborador, tiende la
mano para buscar soluciones en aquellas provincias que las requieran, pero
siempre con la salvaguarda de la premisa de SERVICIO PÚBLICO, sin ningún tipo
de ambages. El SERVICIO PÚBLICO DE EXÁMENES es innegociable.
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