María Seguí es la actual directora de la Dirección General de Tráfico, un cargo que ocupa desde 2012 cuando sustituyó a Pere Navarro Olivella.Cuando la nueva directora asumió su rol, muchas fueron las voces críticas que apuntaban a un afán recaudatorio del organismo público español responsable de la ejecución de la política vial. Las licitaciones comenzaron a correr como la pólvora por los despachos de la DGT:cinemómetros, radares fijos, radares móviles, helicópteros Pegasus… Un sinfín de elementos dispuestos a saquear los bolsillos de los españoles en el momento más acuciante que ha vivido la economía de nuestro país. Como la fotografía de Kevin Carter que inmortalizó a aquel buitre famélico dispuesto a devorar a un escuálido niño sudanés, así opera la DGT. Quiere conseguir más cuanto menos tenemos. Pero el afán crematístico del ente dependiente del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, ha salido por la culata. En España llevamos más de un lustro viviendo una caída significativa de la recaudación por multas de tráfico que se cifra en un 13% desde 2011. Lo que resulta sorprendente es que, pese a estos números, el presupuesto de la Dirección para 2016 sobrepase los 893,26 millones de euros, lo que supone un aumento de un 2,7 % respecto a 2015. Por ello la DGT no ha dudado en mostrar a la ciudadanía el músculo de su poderío económico.
¿Y cómo lo ha hecho? Licitando y vistiendo de gala a su séquito. En el mismo día, la Plataforma de Contratación del Estado luce en su web nada más y nada menos que tres contratos para ataviar a los Agentes de la Dirección General de Tráfico. Tres acuerdos que rondan los 2,7 millones de euros.
Mucho dinero para uniformes pero nada para subidas salariales
El primero de ellos, y el más cuantioso, está destinado a la “adquisición de gorra de servicio, pantalón técnico de servicio y traje de motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”. Dividido en tres lotes, el presupuesto base de licitación alcanzaba los 1.615.350 euros. Dos de los lotes, los referidos a los pantalones de servicio y a las gorras de servicio han sido adjudicados a la misma empresa, Sagres S.L. y ambos por haber sido “la oferta más ventajosa”, con un importe de 1.234.200 euros y 272.250 euros, respectivamente. Sagres S.L. es una empresa pontevedresa que se define como “líder en el sector del suministro integral de vestuario especializado de alto rendimiento”. El tercer lote, relativo a los trajes de motorista, ha beneficiado a la Fábrica Española de Confecciones S.A. -especializada en productos textiles y procesos tecnológicos- que se ha llevado un total de 108.900 euros.
Por si esto fuera poco, el segundo anuncio de licitación engloba la“adquisición de botas de montaña y zapato técnico para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”. Los 865.150 euros de presupuesto se reparten, por un lado, para las botas de montaña (363.000 euros) y para los zapatos técnicos (502.150 euros). Los contratos han sido asignados a Fal Calzados de Seguridad, S.A. yCalzados Robusta S.L., y a Iturri S.A. un grupo sevillano presente en nueve países.
Para rematar la faena, el anuncio para la “adquisición de botas de motorista y pantalón recto de verano para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil” tendrá un presupuesto de 145.200 euros para los pantalones rectos de verano (72.600 euros) y para las botas de motorista (otros 72.600 euros). Otras dos empresas se han visto favorecidas por el criterio de la Dirección General de Tráfico. Se trata deFormwear, centrada en el sector textil y de confección y Viucasar, una empresa de “70 años de experiencia en el sector del calzado”.
De una tacada, la Dirección General de Tráfico ha reverdecido sus lazos con seis empresas diferentes a través de tres contratos que suman 2,7 millones de euros. Un precio demasiado elevado teniendo en cuenta el concepto que se obtiene por tal dispendio, que no es más que calzado, pantalones y gorras. Quizá las influencias que el Estado pueda tener en ciertas empresas son prioritarias a las competencias viales de la DGT.
En medio de la vorágine del gasto, más gasto
Ante tal ejercicio dilapidador en materia de atuendo, la DGT ni siquiera ha retraído su gasto en otros ámbitos, como el comunicativo. Coincidiendo en tiempo y espacio, el organismo público ha decidido también adjudicar su “servicio para la gestión de la atención telefónica a través de los canales de atención al ciudadano de línea DGT”. Una friolera de 3 millones de euros que irán a parar a las arcas de Servitelco, un Contact Center Multicanal español que opera en la modalidad de Centro Especial de Empleo.
La pregunta sobre el aumento del presupuesto de la DGT sigue en el alambre, sobre todo tras saber que los españoles deben 20 millones de euros a Tráfico en conceptos de multas pendientes de pago, un importe que supone el quíntuple de lo que se ha recaudado en sanciones de infracciones durante todo 2015. Para taponar esta sangría, la DGTprepara un nuevo paquete de elementos punitivos: cámaras que captarán 50 imágenes por segundo dispuestas en 70 ubicaciones de las carreteras secundarias para vigilar el uso del cinturón de seguridad y la utilización del móvil por los conductores.
Fuente: Extraconfidencial
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