La DGT refuerza la seguridad de sus Oficinas locales en Cataluña por 1,6 millones de euros para los próximos dos años mientras la Generalitat exige más competencias y mayor financiación

Cataluña pide. Cataluña exige un concierto económico como el del País Vasco. Un instrumento que regule las relaciones tributarias y financieras entre la Administración General del Estado de España y la Comunidad Autónoma catalana. Cataluña reclama recaudar sus propios impuestos y autofinanciarse. Una proclama más dentro de la neurosis de la independencia. Pero Cataluña tiene. Cataluña es la Comunidad Autónoma más beneficiada del reparto económico establecido en el presente ejercicio. Cataluña ha experimentado una subida del 12,12% frente al 8,7% de media y recibe el 25% de los 7.455 millones de aumento presupuestado para 2016.

Cataluña también tiene su propia Policía, los Mossos d’Esquadra. Como el País Vasco tiene la suya, la Ertzaintza. Los Mossos son la Policía Autonómica de Cataluña, la Policía de la Generalitat. Un Cuerpo policial con competencias de Policía integral establecido en 1983 por el Parlamento de Cataluña. Pero Cataluña también pide más seguridad. Y el Estado baja la cabeza y acepta. Una forma insana de prolongar la paranoia de la independencia, de la sedición, de la Justicia para unos y la traición para otros. Sea como fuere, con decisiones como la tomada por la Dirección General de Tráfico de Gregorio Serrano López, nombrado en lugar de la siempre polémica -y discutida- María Seguí, lo único que se consigue es alimentar un monstruo que no tiene pinta de agotarse no de saciarse, sino que vendrá exigiendo más competencias.

Contrato millonario

El Organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior ha decidido dar más seguridad a las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña y, de paso, renovar los lazos del Gobierno centralcon las Autonomías regidas por los gobiernos del socialista Javier Lambán y de Carles Puigdemont del Partido Demócrata Catalán, respectivamente. La oferta fue enviada en julio del presente año por lo que pese a haber sido publicada en el BOE el pasado 9 de diciembre, la decisión fue tomada durante el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, antes de ser sustituido por el recientemente nombrado Juan Ignacio Zoido.

Lo ha hecho reforzando el Servicio de Vigilancia en las dependencias oficiales de las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico en las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña. Un contrato que estará vigente por los próximos dos años y que supondrá un coste para el erario público español de unos 1,6 millones de euros (1.660.309,28 euros).

No es la seguridad de los centros oficiales e institucionales de Cataluña lo que se debe revisar. Ésta no debe verse mermada. Es la distribución financiera, el reparto y la adquisición de competencias lo que debe ser estudiado. Si una Comunidad Autónoma tiene su propia Policía, ¿por qué no gestiona sus propios Cuerpos de Seguridad? Sin quererlo, o queriéndolo, el Partido Popular fomenta cada vez más el estado federalista que siempre ha defendido el PSOE. ¿Habrá llegado la hora de reformular la Carta Magna con sus 38 años recién cumplidos?

Fuente: Extraconfidencial