Huelga de examinadores: Por la dignificación y reconocimiento profesional

El organismo de Tráfico, un ente con más de 50 años de historia, ha tomado una deriva en los últimos años que amenaza con convertirse en irreversible y desaparecer como servicio público, para a lo peor, venderse al mejor postor. A pesar de las manifestaciones de la actual directora general de Tráfico en diferentes foros, ya muchas de las funciones de la DGT han sido privatizadas o subcontratadas y las que quedan, muchas de ellas de gran influencia en la seguridad vial y en definitiva, que inciden directamente en la bajada de accidentes y en la pérdida de vidas humanas, van por el mismo camino.

La función pública profesional e inamovible supuso en el siglo XX un paso de gigante al superar el viejo sistema del “spoil system” que se basaba en el hecho de que el partido político que ganaba las elecciones despedía a los funcionarios que hasta ese momento trabajaban en la Administración y los sustituía por otros afines a sus planteamientos ideológicos para llevar a cabo su programa político y, obviamente, para pagar antiguos servicios prestados y comprar anticipados servicios futuros.

El puesto fijo del funcionario, obtenido por oposición pública y abierta, lejos de ser un privilegio, es una garantía para el administrado. De hecho, la Administración es una fábrica de derechos para el contribuyente y el funcionario es quien debe garantizar que estos se aplican sin discriminación alguna, independientemente del turno político, de criterios económicos o de cualquier otro tipo de interés.

El Servicio Público de Exámenes es un buen ejemplo de lo que decimos ya que está en un vertiginoso deterioro, que va camino de convertirse en irreversible puesto que los actuales responsables de la Dirección General de Tráfico o bien no saben, no pueden o no quieren poner remedio. No se dota a las provincias de las plantillas adecuadas: no se cubren las bajas por jubilación; no se convocan mesas técnicas de exámenes a pesar de que los representantes las piden insistentemente, con el fin de subsanar problemas de aplicación de criterios y mejora técnica, no se ofrece a los examinadores los equipos de protección a los que obliga la ley de Riesgos Labores, retribución insuficiente y no adecuada a su responsabilidad y dedicación, etc.

Otros puestos específicos y exclusivos de la Dirección General de Tráfico están en situación similar de abandono y deterioro como las plantillas de helicópteros, que a pesar de gastarse la DGT inmensas cantidades de dinero en aparatos de última generación como los Pegasus, mantiene a los funcionarios que deben controlarlos y mantenerlos en condiciones más que deplorables en todos los sentidos.

Por todas estas razones, se hace inevitable convocar una huelga ya que a pesar de estar durante meses intentando negociar con la DGT estas mejoras que deberían estar en marcha desde hace años, la directora general de Tráfico se niega siquiera a escuchar las propuestas más que razonables que se proponen por parte de los dirigentes de los funcionarios de Tráfico.

ASEXTRA, CGT, CSIF y USO convocamos huelga parcial indefinida de tres horas al final de la jornada laboral a partir del 14 de septiembre de 2015 (inclusive) en los todos los centros de trabajo dependientes de la Dirección General de Tráfico afectando a los puestos de Examinadores, examinadores-coordinadores y coordinadores especialistas; Centros de Gestión del Tráfico y Patrullas de Helicópteros; Jefes de Sección e Investigadores de Seguridad Vial; Coordinadores Provinciales de Educación Vial; Monitores de unidades Móviles y otros, igualmente específicos, y que no tienen la consideración de tales para la DGT como los Operadores de Apoyo Técnico y los Operadores de Información que desarrollan tareas de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tráfico, y otros como Letrados de Tráfico, Cajeros habilitados y Jefes de Negociado.

Finalmente, pedimos disculpas a los ciudadanos y profesionales que puedan verse afectados por los paros, junto con los funcionarios que se ven obligados a ir a la huelga dada la irracionalidad, prepotencia y falta de capacidad de los actuales responsables de Tráfico para resolver uno solo de los problemas que están afectando a la DGT y que son ya de dominio público.

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