La destrucción de empleo público, que comenzó en el tercer trimestre de 2011 coincidiendo con el cambio de Gobierno, ha reducido el número de funcionarios a mínimos históricos. En este momento, el déficit de personal que asciende a 50.000 personas, lo que está provocando la privatización de servicios que se llevan a cabo desde el sistema público.
Esta situación ha generado un incremento de los costes, menor control presupuestario y una reducción de la calidad de los servicios, como por ejemplo la sanidad que se ha convertido en uno de los sectores con mayor trayectoria en la introducción de nuevas fórmulas de gestión privada.
Tras cuatro años de recortes consecutivos, en materia de personal y salarial, el Gobierno central ha iniciado un proceso de privatizaciones que afectarán a Extremadura en ámbitos como el de la elaboración de vidas laborales, gestión de expedientes en el Fogasa o los servicios de traducción del Estado. Otro sector en los que se está privatizando la gestión es en Defensa, especialmente en las Maestranzas Aéreas de Sevilla, Madrid, Albacete. (Información)
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